La AEPD presiona y amenaza con imponer sanciones de hasta más de 300 mil euros a los que instalen cámaras falsas en su establecimiento ya que pueden ser prueba indiciaria suficiente de que las cámaras realmente graban imágenes, aunque en realidad en la ley no se habla para nada de ello puesto que si las cámaras no graban no se sujetan a la ley. Si no graba ni emite no hay nada que inscribir en ningún fichero.
Según David González y juristas que han hablado sobre ello, no existe ningún fundamento legal que pueda obligar a alguien a retirar una cámara disuasoria puesto que no se incumple ninguna ley, por lo que se podría recurrir la sanción.
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